332 amarres, 7 hoteles y una pregunta: ¿quién nos pone las cifras del desarrollo?

A los proyectos turísticos se les nota lo bien pensados que están en los números. Los Saguaros Marina Resort, antes conocido como Península de los Sueños, los trae de sobra: 220 hectáreas frente a la playa de Punta Arena, en el municipio de La Paz, a unos 50 kilómetros de la capital; una marina con 332 posiciones de amarre; un club náutico; siete hoteles de lujo y dos complejos residenciales. Todo eso, según la información que circula sobre el proyecto, sería apenas la primera fase de algo más grande.

Suena a inversión, a modernidad, a gente llegando en yate a gastar en La Paz. Y quizá lo sea. Pero llevo tiempo repitiendo algo que aprendí haciendo periodismo local: una cifra no es un dato verificado solo porque esté impresa en un render bonito. Si el número lo pone quien va a construir, lo primero que hay que hacer es ponerlo en cuarentena.

Porque las cifras del desarrollador nos dicen qué se piensa construir. No nos dicen cuánta agua va a consumir, de dónde saldrá, cuánta energía va a demandar, cuánto sedimento se moverá para hacer una marina, qué pasará con la playa que hoy usan las familias de La Paz o con los pescadores que trabajan esa costa. Tampoco nos dicen quién va a vigilar que lo que se prometió sea lo que se haga. Todo lo importante está en lo que el folleto no cuenta.

El colectivo Salvando La Ventana, que se opone al proyecto, ha insistido en la protección del corredor costero entre Punta Arena e Isla Cerralvo y en que se trata de una playa emblemática y muy visitada por la gente de aquí. Piden que se revoque el permiso ambiental y su petición en Change.org supera las 26 mil firmas. Aclaro algo, para ser justo: 26 mil firmas en internet no son un referéndum ni un dictamen técnico. Pero tampoco son ruido. Es una parte de la ciudad diciendo que le importa lo que pase con su costa.

Del otro lado hay un argumento que tampoco conviene despachar: el proyecto cuenta con una autorización de la Semarnat que data de 2016. Es decir, no estamos hablando de un desarrollo que se quiera colar por la ventana. Hay un trámite, hay un permiso y hay reglas que, en principio, se siguieron.

Aquí está el punto que me parece más interesante. Un permiso de hace diez años es un permiso de hace diez años. Se otorgó con las condiciones, los datos y el conocimiento de entonces. Hoy tenemos un desabasto de agua que la ciudadanía ya reclama, un sistema eléctrico que en verano dejó a miles de familias sin luz y una conversación mucho más seria sobre lo que cuesta transformar la costa. Pedir que un proyecto de esta escala se revise con la información de hoy no me parece hostilidad hacia la inversión. Me parece sentido común.

Y para que esa revisión valga, la información tiene que ser pública y entendible. No un resumen ejecutivo lleno de adjetivos, sino datos claros: cuántos litros de agua diarios, cuántos megawatts, cuántos empleos y de qué tipo, qué compromisos ambientales y con qué fechas. Que la prensa los pregunte, que las autoridades los respondan y que la gente los pueda comparar.

En esta página, cuando hablamos de un proyecto así, tratamos de citar de dónde sale cada número y de dejar claro cuando viene del promotor. No por desconfiar de todo, sino porque a esta ciudad le han vendido muchos futuros que después nadie vio llegar. Y a los sudcalifornianos nos toca decidir con datos, no con renders.

Los números de un desarrollo pueden ser muy buenos. Lo que quiero saber es quién los comprobó.