Histórico: FGR y Profepa logran cárcel y 19 millones contra traficante de totoaba
Un hombre detenido en Sonora con 41 buches de totoaba fue sentenciado a cuatro años de prisión y a pagar 19 millones de pesos por el daño al Alto Golfo de California.
28 de octubre de 2026, 18:28 · Lectura de 5 minutos
Los paquetes iban escondidos en un auto con placas de California, Estados Unidos. Cuando soldados de la Defensa Nacional y policías estatales lo revisaron en Sonora, el 10 de diciembre de 2019, encontraron 35 envoltorios con 41 vejigas natatorias de totoaba, el buche de un pez que México protege desde hace medio siglo. Casi siete años después, el conductor, identificado como Jorge N, fue sentenciado a cuatro años de prisión y a pagar 19 millones 27 mil 591 pesos como reparación del daño, informaron la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
La cuenta es sencilla y pesa. Cada una de esas vejigas le cuesta al sentenciado unos 464 mil pesos. El dinero no es una multa por el valor del producto, sino el cálculo del daño que el tráfico causó a la totoaba, a la vaquita marina y al ecosistema del Alto Golfo de California, de acuerdo con las dos instituciones.
El Tribunal de Enjuiciamiento lo encontró responsable de un delito contra la biodiversidad previsto en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, con dos agravantes: que el buche tenía fines comerciales y que su extracción afectó a la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. La Profepa participó en el juicio como parte ofendida y coadyuvante del Ministerio Público, y aportó los dictámenes periciales que identificaron la especie y cuantificaron el daño ambiental.

“Esta sentencia es un hito y manda un mensaje muy claro para quienes atenten contra el medio ambiente y la biodiversidad del país”, señalaron la FGR y la Profepa en su comunicado conjunto.
Un pez que vale más muerto que vivo

La totoaba es un pez grande del Golfo de California, el mismo mar que baña la costa oriental de Baja California Sur. Su pesca en vida libre está vedada por tiempo indefinido desde agosto de 1975, figura como especie en peligro de extinción en la norma mexicana NOM-059 y está en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, la CITES, desde 1977, lo que prohíbe su comercio internacional.
Nada de eso ha frenado la demanda. El buche seco se vende en el mercado asiático, donde su precio fluctuaba entre 5 mil 158 y 15 mil 438 dólares por kilogramo según el tamaño y la calidad, cifras que el propio Gobierno de México presentó ante la CITES en 2016.
La vaquita paga la cuenta

El daño no termina en la totoaba. En las mismas aguas vive la vaquita marina, la marsopa más pequeña del mundo, que no existe en ningún otro lugar y muere atrapada en las redes de enmalle, las mismas que se usan en la pesca ilegal del buche. El Gobierno de México reconoció ante la CITES que el problema de la demanda de totoaba está ligado al de la vaquita.
Quedan muy pocas. El crucero de observación de septiembre de 2025 estimó en promedio 8.5 vaquitas, con 67 por ciento de probabilidad de que sobrevivan entre siete y 10, y confirmó al menos una cría, según el informe de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el que también participó la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El mismo reporte atribuye a los bloques de concreto con ganchos colocados en el fondo y a la vigilancia de la Secretaría de Marina una caída de más de 90 por ciento en la pesca con pangas dentro de la Zona de Tolerancia Cero entre 2023 y 2025.
Desde La Paz, la totoaba legal

Baja California Sur conoce la otra cara de esta especie. En La Paz opera una granja que cría totoaba en jaulas marinas y que, de acuerdo con el informe que el Gobierno de México entregó a la CITES en 2022, ha liberado alrededor de 146 mil juveniles, algunos en Santispac, en Mulegé. Al pedir que ese cultivo pudiera exportar carne, México dejó por escrito que la venta y exportación del buche no estaba contemplada, precisamente por el interés que despierta entre grupos criminales.
La FGR y la Profepa adelantaron que seguirán coordinadas en las investigaciones por delitos ambientales y que el sector trabaja para reforzar el marco legal y elevar los castigos contra este tipo de delitos.
Suscríbete a nuestro newsletter semanal gratuito
Recibe cada semana lo más importante directo en tu correo.



